Reclaman 2.000 millones para vivienda en 2018

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fondos para vivienda 2018

València — junto con A Coruña, Barcelona, Cádiz, Madrid, Santiago de Compostela y Zaragoza — reclama EUR 2.000 millones para vivienda en 2018 

En sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, la concejala María Oliver, junto con los representantes de estas ciudades, exige una inversión que equipare España al resto de países europeos “con políticas más acordes a la idea de vivienda como derecho fundamental”. En su reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, los concejales han propuesto cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos, alargando los contratos para evitar aumentos de precio indiscriminados.

La concejala de Vivienda de València, María Oliver, junto con sus homólogos en los ayuntamientos de Madrid (José Manuel Calvo), Barcelona (Josep Maria Montaner), Cádiz (Eva Tubío), Santiago de Compostela (Jorge Duarte), A Coruña (Xiao Varela) y Zaragoza (Pablo Híjar), se ha reunido el lunes 11-dic con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para presentarle personalmente sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 que está en proceso de tramitación.

Una de las principales propuestas que han presentado ha sido dotar este plan de 2.000 millones de euros de inversión para 2018, e invertir así la tendencia que se ha venido dando a lo largo de los últimos años de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda. En la actualidad, el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado supone el 0,059 % del PIB (467 millones de euros en 2017). “Y si continúa con la tendencia actual de recortes en materia de vivienda (que han supuesto una reducción de 1.000 millones de euros en los últimos 8 años), las políticas públicas de vivienda desaparecerán en 5 años”, ha advertido Oliver.

La concejala ha asegurado que “el acceso a la vivienda es un derecho básico constitucional. La irresponsabilidad del Gobierno central nos ha dejado un desierto social en materia de vivienda. Mientras Austria tiene un 24 % de alquiler social y Reino Unido un 17,6 %, España dispone de un ridículo 2,5 %. Los gobiernos del cambio estamos aquí para exigir al Gobierno central que sea sensato y solidario con la gente, que actúe y deje de mirar hacia otro lado cuando ciudadanía lo necesita”.

La reclamación de los siete ayuntamientos es que en el plazo de 10 años el gasto público se sitúe en el 1,5 % del PIB. Este incremento anual permitiría que España se equiparase al resto de países europeos que impulsan políticas más acordes con el principio de la vivienda como un derecho fundamental que, de hecho, está recogido en el artículo 47 de la Constitución española. Los representantes municipales insisten en que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía, y son las que más sufren la falta de recursos públicos para garantizar la vivienda como un bien de primera necesidad.

Alternativas en materia de vivienda

Las propuestas presentadas por los concejales y concejalas que hoy se han reunido con Gómez-Pomar incluyen otras medidas concretas para aumentar el parque de vivienda pública. Destacan las de tipo financiero y las propuestas para potenciar nuevos modelos de cesión de vivienda.

En el caso de las medidas de tipo financiero, proponen que el Instituto de Crédito Oficial disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida, que desde el Gobierno se dé apoyo técnico y financiero para solicitar financiación y ayudas europeas, o que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible para conseguir la convergencia europea. Se pretende, además, establecer un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.

Entre las alegaciones presentadas al Plan Nacional de Vivienda, los ayuntamientos también plantean la necesidad de evitar la especulación con la vivienda pública de compra. “La propiedad del suelo de este tipo de viviendas no debe pasar a manos privadas al cabo de los años, como sucede en la actualidad”, ha explicado Oliver, quien también se ha referido a otras propuestas como obligar a la SAREB y a otras entidades rescatadas con fondos públicos a incorporar inmuebles vacíos al fondo de viviendas para el alquiler social: “En el redactado actual del Plan, las aportaciones son voluntarias, cosa que se ha demostrado que es ineficaz.” Además, según ha dicho la concejala, “las ayudas a la rehabilitación deben priorizar al pequeño propietario con escasos recursos económicos por delante del gran propietario, y tienen que prever medidas para que las mejoras que se realizan con ayuda de fondos públicos no puedan repercutir en un incremento excesivo del contrato de alquiler que expulse a los vecinos y vecinas”.

Modificaciones legislativas

Los representantes de los ayuntamientos han aprovechado la visita de hoy a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para poner sobre la mesa la reivindicación de modificaciones en el marco legal y normativo que protejan a los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) debe alargar la duración mínima de los contratos, puesto que se ha demostrado en muchas ciudades que la reducción a 3 años que se llevó a cabo en la última actualización de esta ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Además, los ayuntamientos reclaman que la LAU permita a las comunidades autónomas, en coordinación con los municipios, que puedan, si así lo requieren y si se da el caso de una alta demanda acreditada, regular los alquileres para evitar los precios abusivos.

Eliminar los beneficios fiscales de las SOCIMIS es otro de los planteamientos que ponen sobre la mesa los ayuntamientos, ya que la actividad de estas sociedades repercute negativamente en el mercado de alquiler, y gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales sus ganancias superan los 5.000 millones de euros. La compra de vivienda habitual por parte de personas y entidades extranjeras no residentes también debe ser penalizada fiscalmente. • 

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